Comenzamos un nuevo proyecto de innovación educativa para la implantación de nuevas metodologías de formación permanente del profesorado en su competencia digital en el CRA San Pelayo de Morales del Rey (Zamora).
Gracias al CFIE de Benavente, dispondremos de 25 tablets para todo el CRA San Pelayo hasta finales de mayo, lo que nos permitirá trabajar diariamente los contenidos de las diferentes asignaturas a través de aplicaciones y de una manera mucho más atractiva para nuestros alumnos.
¡COMENZAMOS!

La seguridad de los edificios y las viviendas en España continúa presentando deficiencias que afectan directamente a la capacidad de los inmuebles para responder ante situaciones de emergencia. Las inundaciones, los episodios de viento intenso y los incendios representan amenazas diferentes, pero comparten una misma realidad: una parte del parque residencial español todavía carece de los medios necesarios para reducir sus consecuencias. La antigüedad de las construcciones, las características de las instalaciones y las inversiones destinadas al mantenimiento explican algunas de estas diferencias.
El informe «Seguridad en edificios y viviendas», elaborado por Grupo Mutua Propietarios, permite aproximarnos a esta situación mediante indicadores sobre los sistemas de protección disponibles en los inmuebles. Sus resultados ponen de manifiesto que contar con determinadas medidas preventivas no significa necesariamente disponer de una protección integral. Podemos encontrar edificios con sistemas de drenaje, pero sin equipos de bombeo suficientes; comunidades que cuentan con extintores, pero carecen de determinados recursos de detección; o viviendas cuyos elementos exteriores no están preparados para soportar episodios meteorológicos adversos.
Esta realidad obliga a prestar mayor atención a la seguridad residencial. No basta con conservar las instalaciones en condiciones de uso ni con confiar en que las emergencias afectarán únicamente a otros inmuebles. Necesitamos evaluar los riesgos, identificar las carencias y adoptar medidas proporcionadas a las características de cada construcción. En este escenario, debemos recordar también la importancia real de la protección contra incendios en la actualidad, una cuestión que afecta tanto a los espacios comunes como al interior de cada vivienda.
El análisis de los sistemas de protección residencial refleja diferencias importantes entre las medidas destinadas a prevenir daños por fenómenos meteorológicos y aquellas relacionadas con la seguridad contra incendios. Los dispositivos de drenaje y la sujeción de determinados elementos exteriores presentan una implantación relativamente extendida. Sin embargo, los sistemas de bombeo, los detectores de humo y algunos recursos de evacuación continúan teniendo una presencia más limitada.
En materia de incendios, disponer de equipos de primera intervención constituye una medida especialmente relevante. Los extintores ABC, por ejemplo, permiten actuar sobre determinados fuegos de clase A, B y C, relacionados respectivamente con materiales sólidos, líquidos inflamables y gases. Su utilización puede resultar decisiva ante un conato, siempre que el equipo sea adecuado, el fuego esté en una fase inicial y la intervención no implique poner en peligro a las personas.
Ahora bien, debemos distinguir entre instalar un dispositivo y disponer de un sistema eficaz. La accesibilidad, la señalización, la ubicación, el mantenimiento y la formación de los usuarios condicionan su utilidad. Un equipo que permanece oculto, bloqueado o sin las revisiones correspondientes difícilmente ofrecerá la respuesta esperada cuando se produzca una emergencia.
Las inundaciones constituyen uno de los riesgos que debemos considerar al evaluar la seguridad de los edificios residenciales. Los garajes subterráneos, los sótanos, los cuartos de instalaciones y los accesos situados por debajo del nivel de la calle presentan una exposición particular cuando se producen precipitaciones intensas.
Según los datos recogidos en el informe de Grupo Mutua Propietarios, el 73 % de los edificios analizados dispone de sistemas de drenaje para facilitar la evacuación del agua. Se trata de una proporción significativa, aunque contrasta con otro indicador: únicamente el 28 % cuenta con sistemas de bombeo.
Esta diferencia resulta especialmente importante en aquellas construcciones donde la evacuación por gravedad no es suficiente. Cuando las redes de saneamiento se saturan, los puntos de desagüe quedan superados o el agua alcanza niveles inferiores a las salidas disponibles, las bombas de achique pueden desempeñar una función esencial para limitar las acumulaciones.
Por este motivo, debemos revisar periódicamente sumideros, canalones, bajantes, arquetas y conducciones. También conviene comprobar el estado de las bombas, sus sistemas de alimentación y las posibles válvulas antirretorno. En edificios expuestos a inundaciones, disponer de mecanismos alternativos de alimentación eléctrica puede mejorar la capacidad de respuesta ante determinados escenarios.
La prevención debe adaptarse siempre a la ubicación del inmueble. No presentan las mismas necesidades un edificio construido en una zona elevada que otro situado en un entorno inundable o próximo a cauces y áreas con antecedentes de acumulación de agua.
Los episodios de viento intenso pueden provocar desprendimientos, roturas y daños en elementos exteriores que afectan tanto a los residentes como a los peatones. La resistencia de los cerramientos y la correcta fijación de los componentes expuestos son aspectos fundamentales para reducir estos riesgos.
El informe señala que el 69 % de los edificios dispone de una correcta sujeción de elementos exteriores, como los toldos. Sin embargo, el porcentaje desciende al 40 % cuando se analizan las ventanas y puertas reforzadas.
Estos resultados evidencian que la protección no siempre alcanza todos los componentes de la envolvente del edificio. Persianas, marquesinas, antenas, equipos de climatización, cerramientos de terrazas y elementos de cubierta necesitan inspecciones periódicas, especialmente cuando presentan signos de deterioro.
Debemos prestar atención a los anclajes, la corrosión, las deformaciones y el desgaste de los materiales. También resulta importante evitar modificaciones improvisadas que puedan alterar la resistencia prevista de los elementos constructivos.
En las comunidades de propietarios, estas comprobaciones deben integrarse en las tareas habituales de conservación. Una fijación deteriorada puede terminar convirtiéndose en un elemento peligroso durante una tormenta, incluso aunque el resto de la construcción mantenga unas condiciones estructurales adecuadas.
La protección contra incendios merece una atención especial dentro del análisis de la seguridad residencial. Un fuego puede desarrollarse en pocos minutos y generar humo, gases tóxicos y temperaturas capaces de comprometer rápidamente las condiciones de habitabilidad. En muchas ocasiones, el mayor peligro no procede directamente de las llamas, sino de la inhalación de humo y de la dificultad para abandonar el inmueble de forma segura.
Los datos del estudio reflejan que el 67 % de los edificios dispone de extintores, mientras que solamente el 26 % cuenta con escaleras de emergencia señalizadas y el 16 % incorpora detectores de humo.
La diferencia entre estos indicadores demuestra que la implantación de medios de extinción está más extendida que la de determinados recursos de detección y evacuación. Sin embargo, una estrategia eficaz necesita integrar todos estos elementos en función de las características del inmueble.
Debemos considerar la disponibilidad de equipos portátiles, la señalización de los recorridos, las condiciones de las puertas, la compartimentación y el mantenimiento de las instalaciones. También resulta imprescindible comprobar que los equipos permanecen accesibles y que los residentes conocen las pautas básicas de actuación.
En este contexto, contar con un extintor apropiado representa una medida preventiva importante, pero no sustituye a la detección temprana, la evacuación ni a las instalaciones de protección que correspondan. La elección del equipo debe responder a los riesgos existentes y a las características de los espacios donde se instalará.
La normativa española establece diferentes exigencias según el uso, la configuración y las condiciones de cada edificio. El Código Técnico de la Edificación (CTE), especialmente su Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (DB-SI), establece requisitos para limitar la propagación del fuego y facilitar la evacuación. Por su parte, el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI), aprobado mediante el Real Decreto 513/2017, regula aspectos relacionados con los equipos, las instalaciones y su mantenimiento.
Debemos tener presente que los porcentajes del informe no equivalen automáticamente a incumplimientos legales. Las obligaciones dependen de las características de cada construcción y de la normativa aplicable, aunque la ausencia de determinadas medidas pueda justificar mejoras preventivas adicionales.
Uno de los aspectos más preocupantes del diagnóstico residencial es la limitada presencia de detectores de humo dentro de las viviendas. El informe indica que solamente el 14 % de los hogares analizados dispone de estos dispositivos, frente al 16 % registrado en los edificios.
La detección temprana puede marcar una diferencia decisiva, especialmente durante la noche. Cuando los ocupantes están durmiendo, el humo puede extenderse sin que las personas adviertan inicialmente el incendio. Una alarma acústica permite alertar de la situación y ganar un tiempo que puede resultar determinante para abandonar la vivienda.
La elección del dispositivo debe atender a su uso previsto y a las características de la instalación. Existen detectores autónomos que funcionan mediante alimentación propia y otros que necesitan conectarse a una central de detección compatible. En comunidades residenciales, los sistemas colectivos pueden integrar diferentes dispositivos de detección y alarma para ofrecer una respuesta coordinada.
También debemos comprobar periódicamente su funcionamiento, sustituir las baterías cuando corresponda y respetar las instrucciones del fabricante. Instalar un detector y olvidarse de él no constituye una medida de protección suficiente.
La baja implantación de estos dispositivos demuestra que todavía existe margen para mejorar la prevención doméstica. Una detección más rápida puede facilitar la evacuación y reducir las consecuencias de un incendio antes de que alcance otras dependencias.
El equipamiento disponible en el interior de los hogares también presenta diferencias significativas. Según el informe, el 55 % de las viviendas dispone de extintores, mientras que los sistemas de rociadores automáticos únicamente aparecen en el 11 % de los inmuebles analizados.
Los extintores portátiles permiten intervenir sobre determinados fuegos incipientes, pero su presencia debe acompañarse de una elección adecuada y de unas condiciones correctas de conservación. No todos los agentes extintores sirven para cualquier incendio.
Por ejemplo, los equipos de dióxido de carbono pueden resultar apropiados para determinados fuegos de líquidos inflamables y riesgos eléctricos compatibles con su clasificación. No obstante, requieren precauciones especiales en espacios reducidos debido al desplazamiento del oxígeno y a las bajas temperaturas que alcanza el agente durante la descarga. Para conocer estas soluciones y sus aplicaciones podemos consultar la información especializada sobre equipos de CO₂ en extintor-co2.com.
Las cocinas domésticas también merecen una consideración específica. Los incendios provocados por aceites y grasas calientes corresponden a la clase F y requieren medios adecuados. Nunca debemos arrojar agua sobre una sartén en llamas, porque podemos provocar una expansión violenta del fuego. Cuando las circunstancias lo aconsejen, debemos disponer de medios de extinción compatibles y conocer cómo utilizarlos sin exponernos innecesariamente.
Por otra parte, los rociadores automáticos pueden contribuir a controlar un incendio en determinadas instalaciones. Su presencia en viviendas es reducida, pero debemos valorar su posible incorporación atendiendo a las características del inmueble, el riesgo y las soluciones técnicas disponibles.
La antigüedad y las dimensiones de los inmuebles también aparecen relacionadas con la disponibilidad de determinados medios de protección. El informe indica que los extintores están presentes en el 84 % de los edificios con más de 50 vecinos, mientras que en las construcciones posteriores a 2011 el porcentaje alcanza el 92 %.
Estos resultados apuntan a una mayor implantación de determinados dispositivos en edificios recientes y comunidades de mayor tamaño. Sin embargo, no debemos atribuir estas diferencias a una única causa. Las exigencias normativas aplicables en cada momento, las reformas realizadas y las decisiones adoptadas por los propietarios pueden influir en el equipamiento disponible.
Los edificios antiguos necesitan una evaluación especialmente cuidadosa. Debemos revisar las instalaciones eléctricas, los recorridos de evacuación, las puertas, la compartimentación y los medios de protección existentes. La antigüedad no convierte automáticamente una construcción en insegura, pero tampoco podemos asumir que su funcionamiento cotidiano garantiza unas condiciones preventivas suficientes.
En este sentido, una revisión técnica permite identificar carencias que pueden pasar desapercibidas durante el mantenimiento habitual.
Otro aspecto relevante del informe es la diferencia entre la valoración que los residentes hacen de la seguridad de sus inmuebles y su disposición a invertir para mejorarla. Los propietarios y ocupantes conceden a sus edificios una puntuación media de 6,42 sobre 10, pero solamente el 51 % estaría dispuesto a destinar dinero a incrementar su protección.
Esta diferencia refleja una dificultad habitual en las comunidades de propietarios: reconocer que existen aspectos mejorables no significa necesariamente estar preparado para asumir el coste de las actuaciones.
Las inversiones deben plantearse atendiendo a las necesidades reales del inmueble, las obligaciones legales y los riesgos identificados. Una inspección permite establecer prioridades y distinguir entre actuaciones obligatorias, mejoras recomendables y medidas adicionales que pueden reforzar la seguridad.
También facilita explicar a los vecinos por qué determinadas inversiones resultan necesarias. Proteger las zonas comunes, mantener los equipos de extinción o mejorar la detección temprana no supone únicamente conservar el patrimonio inmobiliario: significa reducir riesgos para las personas que viven y trabajan en el edificio.
Como referencia para profundizar en el diagnóstico de estas deficiencias, podemos consultar la reciente guía sobre Seguridad en edificios y viviendas en España: las carencias de protección frente a inundaciones, vientos e incendios, que aborda las principales carencias detectadas en el parque residencial.
La mejora de la protección residencial exige una planificación que contemple conjuntamente los riesgos meteorológicos y los relacionados con los incendios. No debemos concentrar todos los esfuerzos en un único sistema ni confiar exclusivamente en la instalación de dispositivos individuales.
Entre las actuaciones que conviene incorporar a las revisiones de los inmuebles destacan las siguientes:
Inspeccionar los sistemas de drenaje: comprobar sumideros, canalones, bajantes, arquetas y bombas de achique para garantizar que funcionan correctamente.
Revisar los elementos exteriores: verificar los anclajes de toldos, persianas, antenas, marquesinas y equipos de climatización.
Comprobar los medios contra incendios: verificar la accesibilidad, señalización, estado y mantenimiento de los extintores y demás instalaciones.
Mejorar la detección temprana: valorar la incorporación de detectores de humo adecuados para las viviendas y las zonas comunes.
Mantener despejadas las vías de evacuación: evitar obstáculos en pasillos, escaleras y salidas, respetando las condiciones de seguridad exigibles.
Evaluar las instalaciones eléctricas: identificar posibles deterioros, sobrecargas y situaciones que puedan favorecer el inicio de un incendio.
Planificar las inversiones: establecer prioridades conforme a la gravedad de los riesgos y las necesidades específicas de cada edificio.
La coordinación entre administradores de fincas, comunidades de propietarios, empresas mantenedoras y técnicos especializados resulta fundamental para llevar a cabo estas actuaciones. La seguridad no depende de una intervención puntual, sino de una política de conservación y prevención continuada.
Los datos de Grupo Mutua Propietarios permiten identificar una realidad que no debemos pasar por alto: los edificios y las viviendas españolas presentan carencias de protección en ámbitos diferentes, desde la evacuación del agua hasta la resistencia de los elementos exteriores y la prevención de incendios.
Los sistemas de drenaje alcanzan una implantación considerable, pero los equipos de bombeo continúan siendo menos frecuentes. La sujeción de determinados elementos exteriores está más extendida que el refuerzo de ventanas y puertas. En materia de incendios, la presencia de extintores supera ampliamente la de detectores de humo y determinados recursos de evacuación.
Esta situación confirma que necesitamos abandonar una visión parcial de la seguridad residencial. Un edificio no está suficientemente protegido por disponer de algunos equipos o porque sus instalaciones aparenten encontrarse en buen estado. Debemos analizar los riesgos de manera conjunta, comprobar el funcionamiento de los sistemas existentes y corregir las deficiencias detectadas.
Especialmente importante es la importancia real de la protección contra incendios en la actualidad, porque hablamos de emergencias que pueden comprometer la vida de los ocupantes en cuestión de minutos. La detección temprana, los medios de extinción adecuados, el mantenimiento de las instalaciones y unas vías de evacuación seguras forman parte de una misma estrategia preventiva.
Invertir en seguridad residencial significa proteger a las personas, conservar los edificios y reducir las consecuencias de emergencias que pueden convertirse en tragedias cuando no existen medios suficientes para afrontarlas. La prevención debe entenderse como una responsabilidad permanente, tanto en las comunidades de propietarios como dentro de cada vivienda.